El 24 de octubre de 2018 Julian huyó a un cerro buscando señal para hacer una llamada urgente: varios sicarios lo estaban persiguiendo.Fue uno de los hijos de Julián el que pudo comunicarse desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, para informar que había escuchado una balacera y creía que habían asesinado a su papá. Una hora más tarde, se encontró el cuerpo de Julián.
Por Adriana Esquivel
Chihuahua, 26 de octubre (Raíchail).- A un año del homicidio del defensor rarámuri Julián Carrillo, la justicia continúa lejana para su familia.
A ellos no sólo les quitaron un padre, un abuelo, un compañero de vida. Su asesinato les arrebató la paz, los obligó a dejar su patrimonio y a desplazarse por el riesgo que representaba permanecer en Coloradas de las Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.
El 24 de octubre de 2018 Julian huyó a un cerro buscando señal para hacer una llamada urgente: varios sicarios lo estaban persiguiendo.
Fue uno de los hijos de Julián el que pudo comunicarse desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, para informar que había escuchado una balacera y creía que habían asesinado a su papá. Una hora más tarde, se encontró el cuerpo de Julián.
Carrillo Martínez era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación desde febrero de 2014.
Pese al riesgo en el que se encontraba, tardaron 17 meses en otorgarle la protección ya que no se trasladaron a Coloradas de la Virgen por las condiciones de orografía e inseguridad que enfrenta la comunidad.
Además de su crimen, Julián vivió el asesinato de Julio e Isidro Baldenegro. También presenció el homicidio de su hijo Víctor Carrillo Carrillo en febrero de 2016.
La tragedia no terminó ahí. En julio del mismo año mataron a su sobrino Guadalupe Carrillo, en septiembre de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones Carrillo y en julio de 2018 a su yerno Francisco Chaparro.
Hoy, su familia sufre porque está fuera de su tierra, porque tienen muchas carencias y necesidades, porque en las ciudades no pueden vivir libres y, si se enferman, no pueden curarse como lo hacen en la cultura rarámuri que no sólo les cura el cuerpo, sino el alma.
Esas fueron las palabras del activista rarámuri Miguel Parra quien, en nombre de los familiares de Julián, tomó la palabra este jueves para exigir justicia por su compañero.
La tristeza que ellos sienten, explicó, es porque las amenazas por defender su tierra, hoy les impide trabajarla, los privó de vivir libremente en la comunidad que los vio nacer y crecer.
Extrañan su tierra porque no pueden tener los alimentos que ellos acostumbran, ni pueden vivir en un lugar abierto para estar libremente en su comunidad para trabajar la tierra, cuidar sus animales y tener un hogar.
Para la directora de Alianza Sierra Madre, Isela González, llevar ante un juzgado a los presuntos autores materiales del homicidio resulta insuficiente, por lo que pidió no dejar fuera de la investigación la defensa que hizo Julián a su territorio ancestral, al ser la única forma en la que podrán capturar a los autores intelectuales.
«Quiero decirle a la familia y a la comunidad de Coloradas de la Virgen que, junto con ellos, anhelamos la paz y la justicia, pero sobre todo, anhelamos la protección para todas las personas de las comunidades que enfrentan a fuerzas políticas y económicas, legales e ilegales, por defender en una digna resistencia el despojo de su territorio y recursos naturales».
La exigencia de las organizaciones civiles a nivel local, nacional e internacional a las autoridades estatales y federales es clara: verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición para los activistas y defensores indígenas.
En una cruz blanca, en la Plaza Hidalgo se le colocó este jueves el nombre de Julián Carrillo como recordatorio de la deuda que tiene el Gobierno del Estado al sin fin de crímenes contra mujeres, abogados, activistas y defensores indígenas.
La jefa de Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Edith Olivares Perreto lamentó que regresaron a Chihuahua con la misma exigencia del año pasado:
Reconocer públicamente la labor de legítima defensa de los derechos humanos de Coloradas de La Virgen al defender su territorio y el medio ambiente
Garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a defender sus territorios y a una vida digna y a su identidad
Garantizar una protección efectiva para las personas defensoras en todo el país
Que tome medidas urgentes para acabar con la impunidad en las amenazas, ataques y asesinatos de Julián Carrillo y de todas las personas de la comunidad Coloradas de La Virgen
Que despliegue una estrategia no militarizada de seguridad y lucha contra el crimen organizado en la Sierra Tarahumara.
Que el estado mexicano genere las condiciones para que la familia de Julián Carrillo pueda retornar a su comunidad, al territorio que les pertenece y al que ellas y ellos sienten que pertenecen
«Hoy, 24 de octubre de 2019, queremos decirle a la familia de Julián Carrillo que los brotecitos van creciendo, que el árbol no se secó, que hay muchos más brotes en Chihuahua, en México y en todo el mundo, y que hay y seguirán surgiendo más y más brotes, que se están convirtiendo en árboles jóvenes que se agregan a los árboles viejos, que continuaremos apoyando y defendiendo a la comunidad rarámuri en su legítima y justa defensa de su territorio ancestral».
